moratorialitoral

 

 

La superficies artificiales en Andalucía aumentaron entre el periodo 1987-2000 un 28,1% (38.454 ha). Las zonas agrícolas ocupaban 4.802.181,3 ha en el año 2000, un 1% más con respecto a 1987. Las zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos y espacios abiertos disminuyeron un 2,5%  situándose en 3.645.129 ha. Las zonas húmedas se incrementaron un 2,5%, alcanzando 68.518 ha; las superficies de agua se incrementaron un 6,2%, lo que significó una ganancia en superficie de 4.193 ha.

 

 

Algunos procesos

 

- Aumenta la presión urbanística en el primer kilómetro de costa (en Almería, Huelva y Cádiz) y en las zonas más saturadas se ha saltado a la siguiente línea de litoral.

 

- Incremento de la urbanización en zonas áridas o con escasos recursos hídricos.

 

- Aumento del regadío en zonas asociadas a sobreexplotación de acuíferos.

 

- Incremento de infraestructuras de comunicación

 

- Incremento de humedales, continentales y costeros.

 

- Aumento del olivar en secano.

Información del Observatorio de la Sostenibilidad

13/06/2006

El Observatorio de Sostenibilidad en España, ha analizado esta información, relacionándola con las dinámicas más significativas en la ocupación de nuestros suelos. Además ha realizado un estudio de prospectiva sobre los cambios tendenciales hasta el año 2005, y en adelante y ha estudiado las principales implicaciones para la sostenibilidad de los procesos observados

 

La ocupación del suelo y su evolución en el tiempo es un indicador básico para evaluar los procesos de sostenibilidad.

 

En España se han dado cambios muy rápidos en los últimos años que se han reflejado en el territorio, en muchas ocasiones de una forma irreversible. El Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, ha coordinado el proyecto CORINE Land Cover elaborado en conjunto con todas las Comunidades Autónomas que ha producido y recopilado con un gran rigor metodológico toda esta información en el periodo 1987-2000.

 

El informe se ha realizado a través de los datos aportados por la fotointerpretación de las imágenes captadas por los satélites Landsat y Spot. A través de esta metodología homogénea se puede comparar por primera  vez  los cambios de ocupación del suelo en dos momentos diferentes (1987 y 2000) a nivel europeo, nacional y por comunidades autónomas. 

 

Además del informe, se ha presentado una exposición con algunas de las imágenes más espectaculares y relevantes que ejemplifican los principales procesos observados en España desde la década de los cincuenta hasta la actualidad, tales como la desaparición de humedales, la creación de regadíos, la construcción de la costa, el aumento de las ciudades.... La selección ha sido realizada por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete y han intervenido institutos de teledetección de prácticamente todas las Comunidades Autónomas.

 

Tanto en el periodo analizado (1987-2000) como en el periodo de actualización (2000-2005), los cambios más profundos y posiblemente transcendentes son aquellos relacionados con la artificialización del suelo, por su carácter de irreversibilidad, tanto en el interior como en la franja litoral. Además se ha producido un aumento de los regadíos a partir de zonas de secano, y en muchos casos de zonas con escasez de recursos hídricos. Destacan las importantes transformaciones internas en los sistemas forestales, tanto a causa de los incendios así como por nuevas reforestaciones. Por otra parte se observa una disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las artificiales.

 

La superficie de suelo artificial en España que representa un 2,1%, se incrementó un 29,5% en el periodo  1987/2000 lo que supone un  ritmo de crecimiento de 2 ha/ hora.  Es decir cada hora se artificializa en España una superficie equivalente a dos campos de futbol. Entre las causas principales se encuentra la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal. Esta tendencia se manifiesta principalmente en regiones del interior como Madrid, y en regiones del litoral, primero en el Mediterráneo y que ahora empiezan a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico.

 

 

España es uno de los países, junto a Irlanda y Portugal, donde más ha crecido la superficie artificial. Con un ritmo medio anual de 1,9% muy por encima de la media de los 23 países del programa CLC2000, de sólo un 0,68%. El tipo de crecimiento económico (dependiente de sectores de altos consumos de suelo, como la construcción, el transporte y el turismo), la consolidación y profundización del nuevo modelo de ciudad dispersa y la fuerte inversión en infraestructuras durante el periodo 1987-2000 son las causas principales. También destaca en la comparación con Europa el fuerte incremento de zonas regadas permanentemente.

 

España es uno de los países que más viviendas tiene por 1.000 habitantes-año y el que más construye, con 18,1 nuevas viviendas por mil habitantes/año, frente al ratio europeo de 5,7. Durante el periodo 2000/2005, a la espera de los resultados de CLC, todos los indicadores nos dicen que el ritmo de la construcción de la vivienda en España se ha acelerado hasta  llegar a un promedio de una  vivienda por cada dos habitantes. El año pasado con 812.294 fue el de mayor construcción de vivienda de toda la historia de España. El resultado es que España tiene el mayor parque inmobiliario de la UE, el país con un ritmo constructor más alto y donde más difícil es el acceso a la vivienda.

 

Las previsiones para los próximos años en España se centran en una fuerte demanda Europea de vivienda  en las zonas costeras e insulares. Nuestro país tiene en su tramo mediterráneo, el 34% de su primer kilómetro ocupado por las superficies artificiales. En los últimos años, y a medida que el impulso del sector turístico-residencial ocupaba la primera línea de costa, la onda expansiva del  sector inmobiliario se ha ido adentrando en franjas próximas al litoral.

 

 Junto a esta situación, se observa  una demanda doméstica ascendente centrada en las segundas residencias. Esto sucede  al mismo tiempo  que el acceso a una primera vivienda se enfrenta con los empujes al alza  de los precios determinado por las inversiones en vivienda con fines especuladores. Muchas de las viviendas son secundarias (vacías gran parte del año).

 

Las zonas agrícolas que equivalen a un (49,8%) de la superficie española  registran cambios en el periodo 1987/2000, que han beneficiado las producciones intensivas orientadas a una mayor rentabilidad de mercado y muy dependientes del regadío. El porcentaje de zonas agrícolas supera el (50%) en Castilla- La Mancha, Islas Baleares, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. La mayor superficie de regadíos se encuentra en el sur y el este de España, concretamente en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Las  zonas de regadío donde más han aumentado han sido en Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica (Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia) presentan los porcentajes más bajos de zonas agrícolas (40%).

 

Las zonas forestales y espacios abiertos que ocupan un (47,1%) de suelo en España, presentan en conjunto, una tendencia a la estabilización o una ligera disminución. Sin embargo, en esta clase se han dado profundas transformaciones. Ha disminuido la superficie por incendios forestales (entre 1961 y el año 2005 más de 6 millones de ha recorridas por el fuego) y por el crecimiento de zonas urbanas e industriales a expensas de zonas forestales, y por otra parte se han incrementado por el abandono agrario y las reforestaciones que han originado una matorralización de los ecosistemas. Las infraestructuras también han determinado una fragmentación del territorio forestal, impidiendo la creación de masas continuas forestales que son las de mayor relevancia para la recuperación de los procesos ecológicos ya que permiten la conectividad entre ecosistemas.

 

Las zonas húmedas y superficies de agua representan casi el 1% de la superficie en España. En el periodo 1987/2000, se produjo un descenso de zonas húmedas naturales (3%) y un incremento (19%) de las artificiales (embalses, salinas y canales artificiales). La mayor disminución se produjo en los ríos y cauces naturales (12%). Las nuevas superficies de agua no compensan desde el punto de vista de la sostenibilidad y del mantenimiento de los procesos la pérdida de las naturales. Las causas más importantes de la desaparición de zonas húmedas litorales, son la construcción de superficies artificiales (44%) y su transformación en zonas agrícolas.

 

El crecimiento económico de España se produce a costa, entre otras causas, de la destrucción del territorio, observándose un fuerte acoplamiento entre el aumento del PIB  y la destrucción de una parte del territorio, como ya se indicaba en el informe de Sostenibilidad 2005 del OSE. El peso desmesurado del entramado financiero constructor en el conjunto de la economía española esta teniendo enormes impactos territoriales, favoreciendo la compra de vivienda como inversión en lugar de cómo valor de uso y desviando recursos que deberían dirigirse hacia las líneas productivas más intensivas en tecnología, como el I+D+i.

 El desarrollo sostenible implica necesariamente, aunque no exclusivamente, una disociación o desacoplamiento entre estas variables.

El OSE ha realizado un sencillo ejercicio de prospectiva para observar cuales pueden ser los porcentajes de cambio hasta el año 2005 y el año 2010 de seguir las tendencias actuales.

 

Estimaciones lineales de crecimiento de superficie artificial

 

                                                                          Superficies artificiales 

                                                           años        hectáreas         índice

Datos CLC-IGN/CNIG                    1.987          814.150             100

Datos CLC-IGN/CNIG                    2.000       1.054.316             129

Estimación                                     2.005        1.146.687             141

Estimación                                     2.010        1.239.059             152

 Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España

 

Diversas variables tales como el consumo de cemento, el número de viviendas iniciadas o visadas indican que estas estimaciones pueden ser incluso demasiado optimistas. En el periodo 2000-2005 se ha expandido el sector inmobiliario-constructor. De todo ello se deduce que actualmente estamos en un proceso en gran parte irreversible de aceleración de creación de superficie artificial con todos los impactos que esto conlleva.

 

El excesivo consumo de suelo de algunos procesos socioeconómicos, está provocando una destrucción o degradación de importantes activos naturales y sociales, a la vez que origina fuertes presiones, a corto y, sobre todo, a largo plazo, sobre el medio ambiente y sus recursos. Un ejemplo de este proceso es la destrucción de la base física por exceso de la construcción en el litoral, que hace que el sector turístico, un sector clave de la economía española se está viendo afectado en algunas zonas por la ineficiencia, la pérdida de calidad ambiental y falta de competitividad.

 

Si se mantienen estas tendencias pueden derivarse riesgos para el futuro, que determinarán un escenario crecientemente:

insostenible desde el punto de vista ambiental ineficiente desde el punto de vista productivo insolidario desde el punto de vista social

 

Todas estas consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de nuevos rumbos en la ordenación del valioso patrimonio territorial disponible, utilizando los adecuados sistemas de planificación y participación social. Distintos movimientos como los relacionados con la Nueva Cultura del Territorio, las estrategias costeras aprobadas por distintas comunidades Autónomas, o algunos  movimientos ciudadanos y de planificación avanzan en esta dirección de adecuada valoración del territorio.

 

En España todavía existe un espacio privilegiado, y tiempo y alternativas para evitar su destrucción irreversible.

 

 

Nota: para más información contactar con el Observatorio de la Sostenibilidad en España

 

web      www.sostenibilidad-es.org

E mail   ose@uah.es

Tlf:        91.885-40-39.

 

La especulación urbanística se está convirtiendo en el principal problema ambiental y social de Andalucía, ya que está destruyendo de forma irreversible nuestro recurso más preciado, el suelo, agravando otros problemas ambientales, como el aumento de la demanda del agua, el deterioro del paisaje..., y provocando un alarmante aumento de la corrupción.

            Consideramos que el caso Marbella es sólo la punta del ‘iceberg’, habiéndose extendido este modelo en todo el litoral andaluz y amenazando a zonas del interior. Es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas a la opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio y debate, como aportación para que se adopten las medidas legales y políticas que consigan paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de corrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible y equilibrado. Entendemos que es necesario un compromiso político, social e institucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar así que el modelo Marbella se instaure de forma irreversible en Andalucía.

Medidas que propone Ecologistas en Acción:

1ª.         Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son puras compraventas de recalificaciones urbanísticas.

2ª.         Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.

3ª.         Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos  no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes… a usos  residenciales.

4ª.         Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los desarrollos inmobiliarios.

5ª.         La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de su reclasificación como suelo urbanizable en un periodo mínimo de 50 años.

6ª.         El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener un límite legal,  en base a las necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones y/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las necesidades de vivienda protegida.

7ª.         Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos, manteniendo la tipología de ciudad mediterránea. Prohibición de urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.

8ª.         Los informes de los organismos de cuenca sobre las disponibilidades de agua deben ser vinculantes a la hora de aprobarse los planes urbanísticos.

9ª.         Moratoria de campos de golf. En Andalucía hay ya 100 campos de golf y se pretenden construir 300 más, lo que supondría un consumo de agua equivalente a una población de 2 millones de personas.

10ª.     Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros, para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas.

11ª.     Mecanismos ágiles de retirada total o parcial de las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos que cometan o permitan ilegalidades urbanísticas.

12ª.     Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el blanqueo de dinero.

13ª.     Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, y de sus familiares directos, con acceso público.

14ª.     Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia.

15ª.     Modificación legal para hacer responsable económico directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los cargos públicos que sean condenados.

16ª.     Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos medioambientales y urbanísticos. Crear juzgados especializados en este tipo de delitos. 

17ª.     Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las funciones encomendadas.  

18ª.     Garantizar la función de los Estudios de Impacto Ambiental de los Planes Urbanísticos mediante el desarrollo legislativo de los Criterios de Sostenibilidad Ambiental del Planeamiento Urbanístico.

19ª.     Desarrollar Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Subregionales de Ordenación del Territorio a escala comarcal que blinden los suelos no urbanizables frente a las presiones localistas que se imponen en los planeamientos municipales.

20ª.     Promoción de la participación pública en los procedimientos administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas, planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, a través de Internet, así como de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, sumándonos así a la iniciativa planteada en su día por el Defensor del Pueblo.

 

LA IDEA DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS COSTEROS SE OPONEN A LOS PARQUES EÓLICOS NO
PARA PRESERVAR EL PAISAJE, COMO MENTIROSAMENTE PREGONAN, SINO PARA
ENTREGÁRSELO A LOS ESPECULADORES INMOBILIARIOS, SE CONFIRMA. AHORA
ENTENDEMOS QUE EL RECHAZO AL PARQUE EÓLICO DE BUENAVISTA POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE VEJER, NO ESTABA FUNDAMENTADO NADA MAS QUE EN EL FARAÓNICO
PROYECTO INMOBILIARIO QUE AHORA SE HACE PÚBLICO. TREMENDO. DANIEL

Crecimiento urbanístico

Vejer agota de un solo golpe su suelo urbano
Un grupo constructor asentado ya en Atlanterra proyecta en Buenavista una
zona
residencial de 8 hectáreas que casi duplicará el casco urbano

JUAN JOSÉ MARQUÉS
(DIARIO DE CÁDIZ)

cádiz. Vejer verá en breve edificada su última reserva de suelo urbano y su
casco ciudadano crecerá aproximadamente un tercio respecto al actual. Sobre
un
terreno de casi ocho hectáreas de la zona de Buenavista, anexa a las
edificaciones que abrazan el casco histórico, se proyecta la construcción de
una zona residencial de 348 viviendas de tipología tradicional autóctona en
torno a una gran plaza mayor que combinará primeras y segundas residencias y
que vendrá a completar el panorama urbano vejeriego.
Antonio Jesús Verdú, alcalde de la localidad, explicó ayer a este periódico
que si bien la nueva urbanización nace como respuesta al creciente interés
de
los turistas ingleses por instalarse en Vejer, la promoción también incluirá
80 viviendas sociales en el diez por ciento de los terrenos que le
corresponden
al municipio en concepto de aprovechamientos, "con el fin de no
promover guetos,
ni de ricos ni de pobres". También adelantó el alcalde que el Consistorio
propondrá un nomenclátor inspirado en los personajes de la batalla de
Trafalgar, al hilo de las vistas que se disfrutan desde aquel paraje y de la
conmemoración del bicentenario del hito histórico.

El promotor de este proyecto originalmente bautizado como Pueblo del Alba,
que
se presentó ayer en la Feria Andaluza del Suelo Surban 05 de Sevilla, es el
Grupo Q, una firma constructora andaluza que ya ha trabajado en la
provincia de
Cádiz, concretamente con algunas promociones de apartamentos en Atlanterra
(Tarifa), junto a Zahara de los Atunes.

Precisamente a la cercanía de las playas de la pedanía barbateña y de la
vejeriega de El Palmar hace especial mención la firma en el comunicado que
difundió ayer con el fin de dar a conocer el proyecto.

El Grupo Q califica Pueblo del Alba, que ocupará una superficie de 7,8
hectáreas, como "la mayor promoción inmobiliaria de la zona de La Janda" y
asegura que "rememorará fielmente la arquitectura típica de Vejer: cubierta
de teja y fachadas blancas, magníficas calidades y comodidad, aparcamientos
privados y amplios viarios peatonales; viviendas sencillas, pero muy
cuidadas
tanto en su interior como en su exterior".

La compañía prevé un volumen de negocio de 70 millones de euros en un plazo
de cinco años, de manera que será en 2012 cuando se entreguen las distintas
fases de la promoción. La presentación de este proyecto en Sevilla provocó
la sorpresa de muchos vejeriegos, quienes conocían la naturaleza urbana de
los
suelos, pero no los detalles de las edificaciones que allí se levantarían.

El agotamiento de esta última reserva de suelo urbano viene a producirse
justo
cuando se elabora el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Campaña 'Moratoria del litoral. Ni un ladrillo más'

Compañeros/as, vamos a iniciar la campaña por la moratoria urbanística en el litoral de Cádiz que se aprobó en la Asamblea provincial.

La primera reunión la tendremos el próximo sábado 5 de noviembre en Alcalá de los Gazules. Será por la mañana. Venid sin prisas y nos quedamos a comer en el pueblo.

No faltéis, tenemos que aunar esfuerzos para parar esta vorágine especulativa.

- Día: Sábado 5 de noviembre
- Hora: 10,30
- Lugar:Alcalá de los Gazulez, Quedamos en el bar de la plaza de la entrada de Alcalá.
o llamarnos 666236240

Conil de la Frontera (Cádiz) 11, 12 y 13 de mayo de 2001

En las Jornadas Andaluzas de Conservación del Litoral se ha constatado una amplia coincidencia de criterios entre políticos, técnicos, científicos y sectores sociales, sobre el diagnóstico de la situación del litoral andaluz y las líneas generales de lo que debe ser el nuevo desarrollo sostenible que necesita.

Las conclusiones a que se han llegado son las siguientes:

1. El modelo actual de desarrollo del litoral es depredador e insostenible, pues está destruyendo su principal recurso no renovable: el paisaje, que a su vez es su mayor atractivo turístico.

2. A unos espacios complejos y dinámicos, de reciente descubrimiento como territorios productivos, se les están aplicando mecanismos coloniales de explotación y poblamiento El actual modelo de desarrollo -basado en un continuo y desmesurado crecimiento urbanístico y de la agricultura intensiva- está provocando la destrucción de sus recursos naturales -paisaje, suelo, agua...-. La experiencia de otros lugares nos muestra que cuando la situación se haga insostenible, los promotores económicos se irán a otras regiones o países dejando paro y desolación.

3. El litoral es la zona donde se produce mayor crecimiento económico y menor desarrollo, cohesión social e integración medioambiental. Hay que pasar del crecimiento cuantitativo al desarrollo cualitativo.

4. Sobre el espacio litoral confluyen multitud de usos que compiten entre sí. Dado que este espacio es limitado, se evidencia una clara incapacidad de acoger todos estos usos en el futuro.

5. El crecimiento sin límites de la industria turística y de las segundas residencias, con la consiguiente masificación urbanística, está suponiendo la pérdida de prestigio y de competitividad de amplias zonas del litoral.

6. El litoral necesita de una planificación estratégica a medio y largo plazo, abarcando ámbitos territoriales supramunicipales, evaluando la capacidad de carga, detectando el nivel de saturación y reversibilidad del territorio, y ajustando las actuaciones a las características y grado de vulnerabilidad. Hay que analizar la capacidad de carga de los espacios litorales, que en algunos municipios está más que superada.

7. Es urgente limitar e, incluso, paralizar el crecimiento de segundas residencias, que generan sólo beneficios a corto plazo y provocan una peligrosa economía dependiente del sector de la construcción, que tiene que retroalimentarse constantemente, consumiendo más y más territorio. La economía turística no se puede basar en la construcción de carácter residencial, sino en el alojamiento.

8. En los nuevos desarrollos turísticos deben primar los usos hoteleros, que generan más empleo y valor añadido que los residenciales, consumiendo menos recursos y suelo.

9. En zonas saturadas urbanísticamente se propone:

- El esponjamiento del territorio, procediendo a la demolición de los edificios más impactantes en primera línea de playa para rescatarlos como espacios libres de uso público.
- Revisar el planeamiento urbanístico desclasificando sectores no desarrollados de suelo urbanizable para clasificarlos como suelo no urbanizable protegido, proceso del que existen experiencias, como la de Calvía (Mallorca), con sentencias judiciales que ratifican que no procede indemnización cuando este proceso responde al interés general.
- Programación de ritmos de licencias de construcción, con la limitación de un máximo anual en relación con el parque de viviendas existentes.

10. El actual modelo de desarrollo turístico del litoral provoca problemas ambientales añadidos debido a la alta movilidad: construcción de infraestructuras viarias y aparcamientos, aumento de la producción de CO2... Hay que incluir la reducción de la movilidad y el fomento del transporte público entre los objetivos estratégicos del desarrollo turístico del litoral.

11. Se constata que existe un cuerpo normativo suficiente para garantizar la conservación de los valores ecológicos y paisajísticos del litoral. Lo que se necesita es voluntad política y medios para garantizar su cumplimiento.

12. Hay que modificar los criterios de la Evaluación del Impacto Ambiental de los planes urbanísticos, superando los criterios meramente naturalísticos, y contemplando la evaluación a medio y largo plazo de los desarrollos urbanísticos -crecimientos y tipología- y de su impacto sobre todos los recursos naturales: paisaje, flora, fauna, energía, agua, suelo... Los EIA tienen que plantear alternativas a estos modelos de crecimiento basado en la construcción de segundas residencias.

13. Hay que establecer como requisito previo para la revisión o modificación de los planeamientos urbanísticos la realización de una auditoría externa que compruebe el grado de cumplimiento del planeamiento existente y sus consecuencias. No se aprobarán revisiones ni modificaciones del planeamiento si se constatan graves incumplimientos de la normativa existente, especialmente en relación con la disciplina urbanística.

14. No se deben permitir convenios urbanísticos que conlleven reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable o urbano, modificaciones en la calificación del suelo, ni aumentos de edificabilidad. Únicamente se permitirán convenios encaminados a la gestión de las determinaciones del planeamiento vigente y no a su modificación.

15. El litoral es hoy paradigma de conflictos de competencias entre administraciones públicas. Es necesaria su conversión en un escenario de cooperación para garantizar la eficacia de las políticas de ordenación y conservación del litoral.

16. Andalucía, a pesar de la creciente especulación urbanística y la presión de la agricultura intensiva de invernaderos, aún tiene la oportunidad de optar por un desarrollo sostenible en el litoral.

17. Se propone que todos los municipios desarrollen y pongan en práctica Agendas 21 que incluyan los objetivos del desarrollo sostenible y los fórmulas de participación social para lograr el máximo consenso posible, proceso que se ha demostrado muy acertado en el municipio de Almonte.

18. Si se plantea el turismo como alternativa en aquellas comarcas que sufren una fuerte crisis de otros sectores productivos -como la pesca-, este desarrollo debe realizarse con premisas totalmente distintas que las aplicadas hasta ahora, por lo que se deben promover Agendas 21 locales y comarcales que garanticen un desarrollo sostenible y no agresivo con los recursos naturales.

19. Es urgente el deslinde de la totalidad del Dominio Público Marítimo-terrestre y sus zonas de protección, garantizando su integridad. Se estima muy conveniente ampliar en el planeamiento urbanístico esta zona de servidumbre de los 100 metros mínimos que estipula la Ley de Costas, a una franja entre 200 y 500 metros.

20. El litoral es un espacio de alto valor ecológico y paisajístico, que hay que conservar como principal recurso natural que potencie el desarrollo socioeconómico sostenible. Como dato significativo cabe destacar que el 37% de las especies de flora vulnerables o en peligro de extinción de Andalucía están en el litoral. Los espacios naturales protegidos deben pasar de considerarse freno al desarrollo a principal valor y motor del mismo.

21. Los estuarios son ecosistemas de alta productividad biológica. Es necesario asegurar los caudales ecológicos, que garanticen los aportes de agua dulce de los ríos, y la eliminación de la contaminación para mantener su funcionalidad, sobre todo en relación con el alevinaje de especies de alto valor comercial.

22. El paisaje litoral es de una gran riqueza y variabilidad, y al mismo tiempo de una gran fragilidad, cualquier alteración puede causar un gran impacto ambiental. Es necesario divulgar entre toda la población los valores ecológicos, económicos y paisajísticos de los ecosistemas litorales: pinares, enebrales, sabinares, retamares, dunas, marismas, acantilados, arrecifes, praderas de fanerógamas...

23. Andalucía ha sumido los criterios europeos que la han convertido en suministradora de productos agrarios especializados: frutas y hortalizas. Este monocultivo se centra en una estrecha franja del litoral muy vulnerable.

24. Hay que paralizar el descontrolado crecimiento de los invernaderos. La agricultura intensiva de invernaderos -modelo Almería- está abocada al más estrepitoso fracaso, pues se basa en dos premisas para ser rentable:

- Mano de obra barata: familiar o de inmigrantes
- Agua de extracción ilegal. El 50% de los invernaderos de Almería carecen de concesión de agua.

25. Es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Hay que establecer un nuevo inventario de contaminantes marinos. Los objetivos de recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral son irrenunciables y deben garantizarse trasponiendo la Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

26. Es imprescindible la aplicación con rigor de la Directiva Marco del Agua, sobre todo los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente desde la fuente misma. Así mismo, hay que actualizar el obsoleto Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de Baño, que tiene 25 años de antigüedad, por una norma que incorpore nuevos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos.

27. Las administraciones y sectores empresariales tienden a no asumir los costes reales que supone una agricultura intensiva y un turismo depredador de masas, ocultando los factores desencadenantes de los problemas ambientales y territoriales que generan estas actividades. Hay que internalizar los costes ambientales del crecimiento urbanístico y de la agricultura intensiva de invernaderos.

28. Se apoya la implantación de una fiscalidad ecológica, que debe penalizar duramente las actividades turísticas más impactantes: construcción de segundas residencias, consumo de agua y energía, transporte, contaminación...

29. Es necesario buscar mecanismos para transmitir a la población de forma comprensible y asumible la necesidad de la planificación territorial y de los recursos naturales (Planificación Ambiental Integrada) a medio y largo plazo para asegurar la sostenibilidad.

30. Urge que las administraciones, las Universidades y los centros públicos de investigación hagan un esfuerzo de divulgación con el fin de que la sociedad tenga a su disposición una información veraz y asequible de la situación y de los procesos que tienen lugar en el litoral.

31. Se hace cada vez más evidente la necesidad de desarrollar programas de formación dirigidos a la sociedad en general -y al profesorado, técnicos y responsables de la administración y de las empresas privadas en particular-, con la finalidad de que puedan emprender programas de educación e intervención ambiental en el ámbito del litoral.

32. Hay que aprender a percibir la belleza del paisaje litoral. Es necesario una educación en la sensibilidad que promueva su valoración y conservación, desarrollando la inteligencia emocional.

Ecologistas en Acción espera que estas Jornadas sirvan para impulsar el debate sobre el modelo de desarrollo sostenible que necesita implantarse en el litoral andaluz, y la necesidad de preservar sus enormes valores ecológicos y paisajísticos.

Conil de la Frontera (Cádiz) a 13 de mayo de 2001

En la VII Asamblea de Ecologistas en Acción Cádiz, decidimos diseñar y ejecutar para este año una campaña en defensa de nuestro litoral, bajo el lema "ni un ladrillo más.
Con estos objetivos: BORRADOR

-Dinamizar el debate social sobre la insotenibilidad del actual modelo urbanístico.
-Recopilar y centralizar toda la información disponible sobre la situación urbanística del Litoral y los proyectos en curso.
-Unificar actuaciones ante las revisiones de los PGOUs previstos.
-Investigar origen y situación de empresas promotoras y constructoras.

Actividades y Acciones:
-Confeccionar un mapa comparativo de la situación del litoral "antes" y "ahora" y divulgarlo
-Elaborar materiales divulgativos: Carteles, pancartas, trípticos, Cds...
-Organizar unas Jornadas sobre Delincuencia urbanística,que podría ser en el Puerto de Santa María
-Programar instalación de material publicitarios (pancartas, murales,..), en las principales vías de acceso al litoral.
-Realizar exposiciones veraniegas (tipo mesas informativas enla calle)

Para concretar este borrador se convoca una reunión de los comprometidos e interesados en esta campaña el día 5 de noviembre en Alcalá de los Gazules (por lo de centro de la provincia).

Ya se concretará lugar y hora.

El coordinador responsable de esta campaña, elegido en la Asamblea fue Juan Clavero"

EL PUERTO
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Chamizo tilda los convenios urbanísticos de «tomadura de pelo»
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El Defensor del Pueblo aboga por elaborar un Plan Urbano «ordenado» para la ciudad Pide una ley sobre financiación de partidos
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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, intervenía ayer en una charla coloquio organizada por Ecologistas en Acción. En su discurso, titulado 'Medio Ambiente, un derecho de los ciudadanos' el representante autonómico repasó los temas urbanísticos que más ampollas están levantando entre la ciudadanía y las administraciones locales como las viviendas ilegales, los desarrollos de Planes de Ordenación o, en el caso de El Puerto, la firma de convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias.

A este respecto, el Defensor del Pueblo, reconoció su lucha contra este tipo de acuerdos al considerarlos «una tomadura de pelo». «En temas de Medio Ambiente, que es un derecho de los ciudadanos, no puede caber todo. El Medio Ambiente no es solo un derecho sino una necesidad», afirmó. Para Chamizo, «no todo puede ser negocio».

Ante la firma en El Puerto de 22 convenios con promotoras por las que se construirán más de 20.000 viviendas, Chamizo abogó por los planes urbanísticos «ordenados» ya que, como recordó, «es la única vía que tienen los Ayuntamientos para regularizar su territorio». De hecho, la Oficina que dirige continúa investigando el desarrollo urbanístico de El Puerto en casos concretos como las viviendas ilegales, las quejas sobre el nuevo PGOU o, los problemas de infraviviendas en algunas zonas de la ciudad.

Por otra parte, resumió algunas medidas que los Ayuntamientos y el resto de administraciones deberían de llevar a cabo para conseguir estos fines.

«Todo lo que está ocurriendo es la crónica de una sinrazón». Por tal motivo, según explicó, ha solicitado una ley sobre financiación de partidos políticos para evitar la especulación e «intercambio de favores». Además, reiteró la necesidad de que desde las administraciones se exija a las constructoras que «doten de equipamientos básicos como colegios, centros de salud...» las zonas en las que vayan a construir.

Parcelaciones ilegales

Además, otra medida que sería necesaria adoptar según Chamizo consistiría en que la Agencia Tributaria investigara las consecuencias fiscales de las parcelaciones ilegales. «Los jueces y los tribunales debe n de ser contundentes en este asunto». También quiso hacer un «recordatorio legal» a las empresas que suministra agua, luz o telecomunicaciones para que «siempre exijan las licencias de obras antes de dar el suministro» y así eviten la proliferación de viviendas ilegales en los municipios.

Al final del acto, los ecologistas recibieron el apoyo de las personas que acudieron a la charla y protagonizaron un encierro simbólico para protestar sobre la orden de abandono del local que les ha dictado el alcalde.

una propuesta...

Muchas veces me pregunto para qué sirven los políticos y el estado que les da cobertura si realmente su capacidad de decisión está cada vez más limitada y mediatizada por decisiones ajenas al poder que emana del pueblo, que es la esencia misma de la democracia. Ante este hecho constatado, lo que pide el cuerpo como reacción lógica es la demanda de descentralización de los poderes nacionales y regionales para así acercar la administración a los administrados. La administración local sería así el mejor freno a políticas jacobinas centralizadoras como las que ha puesto en marcha el PP desde que obtuvo la mayoría absoluta. Pero lo que puede parecer correcto desde el punto de vista ideológico, a veces choca con la más dura realidad.

Los ayuntamientos están prácticamente en quiebra técnica. Sin embargo, son los que más fácilmente pueden rentabilizar los esfuerzos inversores y convertir euros en votos mediante políticas de contratación o de obras públicas; por citar un par de ejemplos que suelen agravar el paupérrimo estado de las arcas municipales. Las formas de salir del agujero o, cuando menos, de poder pagar la nómina a fin de mes, suelen pasar por la formalización de convenios urbanísticos con empresarios privados que proporcionan suculentos dineros en licencias de obras, impuestos e incluso suelo para equipamiento o venta. Hasta ahí todo normal.

El problema surge cuando los constructores pretenden saltarse el planeamiento vigente para dar cabida a proyectos especulativos no incluidos en las previsiones de desarrollo urbano. Es entonces cuando, a pesar de ser un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico, depende casi exclusivamente de la discrecionalidad del responsable político de turno. En estos casos, todo puede pasar, sobre todo cuando se tienen pocos escrúpulos y muchos huecos que tapar, ya sean locales, del engrase de la maquinaria de los partidos o hasta personales.

El capital sabe que tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en el planificador real del territorio y es ahí donde para salvaguardar el interés público habría que alejar los centros de decisión del lugar concreto donde se pretende intervenir, lo que que aseguraría cierta imparcialidad a la hora de aplicar las normas urbanísticas, aunque eso es algo que pueda parecer contrario a una deseable descentralización, más coherente con planteamientos éticos de corte progresista.

Nuestros munícipes se dejan deslumbrar por inversores que los únicos dineros reales que tienen para invertir son las plusvalías que les generan las recalificaciones de terrenos que ellos mismos auspician, a veces incluso ofrecen sus activos para que el proceso administrativo de redactar nuevas ordenaciones sea lo suficientemente rápido para no contravenir sus intereses, rayando así la legalidad o la inmoralidad más absoluta.

Ejemplos no faltan, este tipo de manejos se esconden casi tras todos los campos de Golf que se construyen en nuestra querida Andalucía que, a golpe de talonario, pronto la veremos más verde que la misma Irlanda. Pero a pesar de lo recurrente del caso, no parece que se ponga freno a tal dislate, por llamar de alguna manera al proceso mediante el que alcaldes de todo signo regalan decenas de millones de euros a simples intermediarios comisionistas que tienen poco más bajo el brazo que unos bonitos planos y una cartera… de proveedores.

Si ese tipo de proyectos son los únicos que pueden salvar las depauperadas economías de las municipalidades, algo bastante dudoso, la responsabilidad del buen gobernante sería la de participar de manera transparente en el reparto mismo de esas plusvalías, ya sea mediante su ejecución mediante la administración pública a cualquier escala, empresas mixtas, participadas o mediante cualquier otro mecanismo que asegure que los administrados sean beneficiarios de decisiones de tal índole. De lo contrario, nada puede impedir que los de abajo podamos sospechar que se trata de simples maquinaciones para alterar el precio de las cosas, un delito reconocido en nuestro Código Penal vigente.

Juanlu González
Bits RojiVerdes